Declaración del Consejo de la Facultad de Ingeniería
La postergación del gasto propuesta por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas de 2017 dejaría sin incremento presupuestal a la Universidad de la República (Udelar) a la que no se asignarían los $ 649 millones previstos.
Tanto desde el Rectorado como desde el Consejo Directivo Central (CDC), como desde los órdenes y gremios se advierte que esto afectaría el crecimiento de la institución, que representa el 80% de la enseñanza terciaria y de la investigación del país.
La institución universitaria, por su naturaleza, debe planificarse a sí misma con horizontes de al menos 10 años. El presupuesto vigente ya causa problemas de planificación por asignar incrementos sólo para los años 2016 y 2017.
La actual propuesta de postergación de los incrementos genera una gran incertidumbre y compromete asignaciones ya realizadas por la Universidad, que se habían decidido en el contexto de conocerse los montos disponibles para 2017. Por ejemplo, se atendió estratégicamente la creación de cargos en 2016 con la perspectiva de atender más vigorosamente la función de investigación y estudios de posgrado en 2017.
Los montos otorgados en la ley de Presupuesto votada en 2015 eran ya muy inferiores al pedido universitario elaborado estrictamente sobre la base de los compromisos asumidos públicamente por el gobierno nacional de 6% del PBI para la educación y 1% para la investigación e innovación. El panorama se vuelve más complejo cuando los montos, aunque se mantengan iguales, se dilatan en el tiempo.
La solicitud de la Facultad de Ingeniería se elaboró a partir de necesidades urgentes y perspectivas de crecimiento necesarias, entre ellas: brindar la formación en ingeniería en forma digna, atendiendo a la matrícula alta y creciente de año a año, que debería incluso ser mayor en cantidad y calidad para atender a las necesidades de desarrollo nacional; fortalecer el aprendizaje de las ciencias básicas; mejorar la gestión y los servicios; consolidar carreras de grado y posgrado actualmente basadas en recursos contingentes; fortalecer áreas de vacancia o debilidad académica necesarias para el país; crear nuevas opciones en distintos lugares del territorio; fortalecer a los grupos de investigación.
Las limitadas medidas que se pudo tomar con el aumento de 2016 incluyen una recuperación de la partida de gastos de los institutos que la lleva a la capacidad de compra que tenían en 2009 y un aumento en la partida general que no llega a ese nivel; un fortalecimiento a los institutos que cultivan las ciencias básicas de la Ingeniería que consolida una parte pequeña de los fondos que permiten mejoras en la enseñanza; el apoyo a grupos emergentes que presentan debilidad académica y desarrollan temas estratégicos (como Ingeniería Mecánica o Transporte). Estas decisiones fueron tomadas en forma fraterna y estratégica, entendiendo que no se debía dispersar el escaso aumento para que resultara perceptible.
Esa asignación dejó áreas también estratégicas en espera, con la seguridad de otro crecimiento similar en 2017.
Estos planes quedarían truncos, con consecuencias muy negativas para la academia, los estudiantes y el país, cuyo desarrollo requiere de más y mejores ingenieros.
Se comprende que la coyuntura económica presenta elementos desfavorables, como lo confirma el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Sin embargo, dada la intención de preservar el gasto social y educativo, sorprende la postergación de la Universidad.
Entendemos que el gasto social debe atender las urgencias del presente pero también constituir una inversión social a largo plazo. En este contexto, la investigación, la educación superior y la atención en el Hospital de Clínicas no deberían ser pospuestos sino priorizados.
Solicitamos que el Poder Ejecutivo revise esta posición, que conspira contra la calidad del gasto en educación superior. En caso de que así no ocurra, confiamos en que el Parlamento Nacional no acompañe las postergaciones a que se sometería en particular a la Universidad de la República.
Resolución del Consejo de la Facultad de Ingeniería Nº 124 del 28 de junio de 2016